Estos dos Artículos limitaban significativamente el derecho a huelga, afectando de forma directa al régimen laboral de la Marina Mercante. La medida se tomó tras una presentación de la CGT y fue dictada por la jueza Moira Fullana, quien remarcó que no se cumplen las condiciones de «necesidad y urgencia» que justificarían el uso de un DNU, especialmente dado que el Congreso está en funciones. Además, rechazó el intento del Gobierno de llevar la causa al fuero Contencioso Administrativo, reafirmando la competencia de la Justicia laboral en este tipo de conflictos. El fallo representa un freno judicial a la avanzada del Ejecutivo sobre derechos colectivos y una señal de respaldo a los gremios marítimos en defensa de sus conquistas históricas.